El exfiscal y reconocido abogado penalista Juan Alberto Liranzo Pérez ha declarado desde Santo Domingo que es prematuro e inoportuno debatir un cambio en la calificación jurídica contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat. Ambos están imputados por el colapso del centro de diversión Jet Set, un trágico evento que causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos debido a negligencia estructural.
Liranzo Pérez enfatizó que el momento procesal adecuado para discutir una variación en la calificación jurídica es, en principio, cuando el Ministerio Público presente su acto conclusivo al finalizar la investigación, y luego en la audiencia preliminar, donde se evalúa la acusación antes de decidir si el caso va a juicio.
El abogado añadió que, de forma excepcional, el Código Procesal Penal, en su artículo 330, permite modificar la calificación jurídica durante el juicio de fondo si surgen nuevos elementos que lo justifiquen y sea solicitado por las partes o dispuesto por el juez.
“El Ministerio Público aún se encuentra en la fase inicial de investigación; el plazo para investigar comienza una vez impuesta la medida de coerción y concluirá con el acto conclusivo, donde se establecerá la acusación definitiva. Sin embargo, existe un daño social innegable que debe ser resarcido”, precisó Liranzo Pérez en un comunicado de prensa.
Homicidio Involuntario: La Calificación Correcta Hasta el Momento
Respecto a la hipótesis penal, el exfiscal sostuvo que la calificación de homicidio involuntario es la correcta y procedente, de acuerdo con el Código Penal y las pruebas recopiladas hasta la fecha. Subrayó que para sustentar un cambio a homicidio voluntario sería necesario que existiera algún elemento material que demostrara la aparición de dolo o la voluntad deliberada, algo que no se ha identificado en los hechos investigados hasta ahora.
Liranzo Pérez puntualizó que una eventual modificación de la calificación podría incrementar las indemnizaciones civiles para las víctimas. No obstante, advirtió que forzar un cambio sin el soporte probatorio adecuado podría comprometer la coherencia de la estrategia legal y ralentizar el proceso.
El exfiscal exhortó a los abogados querellantes a mantener la coherencia entre la imputación del Ministerio Público y la postura de la parte civil, ya que esto fortalece la solicitud de medida de coerción y asegura la agilidad del proceso penal.
Finalmente, Liranzo Pérez alertó que la alarmante pena máxima de apenas dos años de prisión para el homicidio involuntario subraya la urgencia de una reforma integral de la legislación penal dominicana. Esta reforma no solo es necesaria para este caso, sino para actualizar figuras penales desfasadas y responder a la creciente demanda de justicia de la sociedad.
