En el vigésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Ley No. 87-01, que instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se pronuncia con firmeza y responsabilidad ciudadana.
La FJT sostiene categóricamente que, en lugar de ser un mecanismo de protección y justicia social, esta ley se ha transformado en un sistema excluyente, injusto, deshumanizado y profundamente opaco.
La fundación añade que los trabajadores, quienes con su esfuerzo sostienen la economía nacional, siguen siendo los grandes olvidados por este sistema.
La FJT precisa el marcado contraste: mientras una minoría ha acumulado vastas fortunas, la mayoría de los trabajadores enfrenta una lucha diaria para acceder a servicios de salud dignos y ve cómo la esperanza de una pensión justa al final de su vida laboral se desvanece.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, declara enfáticamente: "Desde nuestra fundación, denunciamos que tanto las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se han erigido como símbolos de la desigualdad. Han sido estas entidades, y no los trabajadores, las principales beneficiarias de un modelo que concentra la riqueza en pocas manos, dejando a millones desprotegidos".
El vicepresidente de la FJT cuestiona: "¿Cómo se justifica que los afiliados, legítimos dueños de los recursos, reciban apenas una mínima parte tras décadas de contribuciones obligatorias? ¿Puede denominarse 'seguro social' un sistema donde la vejez se transforma en una pesadilla y la enfermedad en una condena al abandono?
El jurista advierte que más de cinco millones de trabajadores cotizan actualmente, muchos aferrados a la ilusión, promovida incluso por el Estado, de recibir una pensión digna al alcanzar los 60 años. Sin embargo, esta promesa ha demostrado ser una falacia disfrazada de esperanza.
Las cifras son contundentes: a marzo de 2025, las AFP gestionan más de RD$1.15 billones de pesos. Este monto colosal, en lugar de asegurar una vejez tranquila para los trabajadores, ha enriquecido a grupos empresariales que han encontrado en las pensiones una lucrativa fuente de ingresos, mientras los contribuyentes envejecen en la incertidumbre y con su salud comprometida.
El panorama de las ARS no es menos alarmante. Tan solo en 2023, generaron ingresos superiores a los RD$53,000 millones, con ganancias netas cercanas a los RD$4,000 millones, mientras miles de dominicanos enfrentaban obstáculos para acceder a medicamentos, estudios diagnósticos y atención médica esencial.
Ante esta crítica realidad, la Fundación Justicia y Transparencia valora el reconocimiento público del ministro de Trabajo, Lic. Eddy Olivares, quien admitió que la Ley 87-01 está "rezagada en el tiempo" durante su participación en el Tercer Foro sobre los retos de la formalización laboral en Iberoamérica. Sin embargo, la FJT enfatiza que el pueblo demanda acciones concretas, no solo declaraciones.
Este sistema representa, quizás, un caso único donde los verdaderos dueños de los recursos, los afiliados, carecen de voz y voto en el destino de su propio dinero. En estos 24 años, las ARS y AFP han experimentado un enriquecimiento desproporcionado, mientras los trabajadores han visto deteriorarse su salud, atención médica, cobertura y dignidad. Las pensiones otorgadas son tan precarias que ni siquiera cubren los costos de los medicamentos básicos para una persona mayor.
Por todo lo expuesto, la Fundación Justicia y Transparencia hace un llamado urgente y enérgico a los miembros de la Comisión de Seguridad Social del Congreso Nacional: escuchen la voz del pueblo, legislen con sensibilidad y reformen esta ley que ha perdido su carácter social y nunca garantizó seguridad. Es imperativo corregir su naturaleza excluyente, injusta y opaca.
Finalmente, anunciamos el inicio de una cruzada nacional con el objetivo de exigir una transformación real y profunda de la Ley No. 87-01. El pueblo dominicano merece un sistema de seguridad social justo, humano, equitativo y genuinamente solidario. Ha llegado el momento de poner fin a esta 'estafa legalizada' y construir un nuevo pacto social que dignifique la vida de cada trabajador dominicano.
