En República Dominicana, hablar de emprendimiento se ha convertido en sinónimo de resiliencia. Miles de pequeños y medianos empresarios sostienen la economía nacional, generan empleos y mantienen vivas comunidades enteras. Sin embargo, mientras el discurso oficial promueve el crecimiento de las mipymes, la realidad tributaria sigue imponiendo barreras que frenan su desarrollo. Una de las más cuestionadas es el pago del anticipo, conocido popularmente como el “4% del anticipo”.

El anticipo obliga a las empresas a pagar por adelantado impuestos proyectados, aun cuando muchas veces no los hayan generado. En la práctica, esto significa que pequeños negocios deben entregar dinero al Estado antes de producir beneficios reales. Para grandes corporaciones puede representar una carga manejable, pero para una pyme dominicana puede significar la diferencia entre mantenerse operando o cerrar sus puertas.

Diversos sectores económicos, legisladores y empresarios han insistido en que este mecanismo descapitaliza a las mipymes y limita su crecimiento. Incluso, propuestas legislativas recientes han buscado eliminar el anticipo para pequeñas empresas bajo el argumento de que más del 85 % del tejido empresarial dominicano pertenece a este sector. La crítica principal es clara y visualiza a un sistema que castiga a quienes intentan formalizarse y emprender.

Mientras tanto, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha defendido su modelo de recaudación y continúa impulsando nuevas obligaciones tributarias y tecnológicas para las empresas, como la facturación electrónica. Aunque estas medidas buscan modernizar el sistema fiscal, muchos empresarios consideran que primero deberían aliviarse las cargas que afectan la liquidez de los pequeños negocios.

Eliminar el anticipo para pequeñas y medianas empresas no debe verse como una pérdida para el Estado, sino como una inversión en el aparato productivo nacional. Un negocio con mayor liquidez puede contratar empleados, invertir, expandirse y tributar más en el futuro. La economía no se fortalece asfixiando al pequeño empresario, sino permitiéndole crecer.

La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto recauda el Estado hoy, sino en cuánto desarrollo económico puede generar mañana. Porque en un país donde emprender ya es difícil, cobrar impuestos sobre ganancias que aún no existen parece más un castigo que una política de crecimiento.

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