🚨 Denuncian abusos policiales y uso de gases en Los Guaricanos
El Estado
La Unión Nacional de Dueños de Centros Nocturnos exige la intervención de las autoridades ante el uso excesivo de la fuerza y cierres arbitrarios en Santo Domingo Norte.
Junior González, presidente de la Unión Nacional de Dueños de Centros Nocturnos, denunció este martes una serie de presuntos abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el sector Los Guaricanos. Según el dirigente, estas acciones están golpeando directamente a comerciantes, empleados y residentes de la zona de Santo Domingo Norte.
Responsabilidades y jurisdicción González señaló que los atropellos ocurren bajo la jurisdicción del destacamento de Los Guaricanos, comandado por el coronel Vallejo Encarnación Sierra, bajo la supervisión de la Dirección Regional de Santo Domingo Norte, encabezada por el general Acosta Félix.
Uso indiscriminado de químicos El gremio detalló que los agentes utilizan bombas lacrimógenas de manera indiscriminada frente a negocios y viviendas. Lo más preocupante, según González, es que estas intervenciones no van dirigidas contra la delincuencia, sino contra ciudadanos trabajadores.
“El uso de gases en zonas comerciales y residenciales está afectando a niños, envejecientes y personas enfermas. Es una violación grave a los derechos fundamentales”, afirmó el dirigente.
Inseguridad jurídica y trato desigual Además del uso de la fuerza, la entidad denunció el cierre selectivo de establecimientos. González aseguró que no existen criterios claros ni un trato equitativo, lo que genera pérdidas económicas significativas y un clima de incertidumbre jurídica para los dueños de negocios afiliados.
“El uniforme no hace al buen policía; lo hace el conocimiento, el respeto y el trato digno. No es posible que se castigue al que trabaja mientras se vulneran sus derechos”, puntualizó.
Llamado a las altas instancias Finalmente, la Unión Nacional de Dueños de Centros Nocturnos hizo un llamado urgente al Presidente de la República, al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional. Solicitan una investigación inmediata y correctivos que garanticen el respeto a la ley y la convivencia pacífica en el municipio.