Un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal impuso prisión preventiva como medida de coerción contra Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, alias "El Barbero", imputado de asesinar a su pareja, Lisset Melenciano Tejada, para luego mutilar, incinerar y ocultar sus restos mortales.
El juez José Carlos Nina Arias ordenó que Ramírez cumpla la medida en la cárcel pública de Baní, provincia Peravia, tras valorar las sólidas evidencias presentadas por el Ministerio Público.
Desaparición y Hallazgo de Restos
Lisset Melenciano Tejada fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 7 de octubre de 2025. La investigación establece que la víctima salió de la residencia de su madre el 5 de octubre con dirección a la vivienda que compartía con el imputado en la comunidad Canastica, San Cristóbal.
La solicitud de medida de coerción detalla los macabros hallazgos: porciones del cuerpo de una persona, incluyendo fragmentos óseos, de la pelvis, columna, cráneo y huesos largos, fueron encontrados quemados en un solar ubicado detrás de la residencia del procesado.
Durante un allanamiento en la vivienda del imputado, fueron ocupados una coa de hierro y un arma blanca (machete) de aproximadamente 14 pulgadas de largo, que se presumen fueron utilizados en los hechos.
El Ministerio Público, representado por las fiscales investigadoras Patricia Danilda Durán Valerio y Laura Cecilia Segura Cordero, requirió al INACIF la realización de pruebas de ADN forense de los restos mutilados para compararlos con los de la madre de la víctima, y una experticia de serología a las muestras de sangre recolectadas en la residencia. La Fiscalía de San Cristóbal se mantiene a la espera de estos resultados.
Conducta Reiterada
El Ministerio Público hizo énfasis en que Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez tiene una conducta reiterada en la comisión de ilícitos penales.
Se recuerda que, en fecha 5 de agosto de 2025, este mismo tribunal le había impuesto una medida de coerción, consistente en garantía económica y presentación periódica, por violar artículos del Código Penal y la Ley 136-03 en perjuicio de una expareja y un menor de edad, para quienes ya se había emitido una orden de protección.
Las evidencias y la gravedad de los hechos han llevado al Ministerio Público a calificar el caso como violación a múltiples artículos del Código Penal dominicano.
