La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) ha lanzado una seria advertencia. En el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, denunciaron que el proyecto de ley de juegos de azar, impulsado por el Poder Ejecutivo, presenta graves fallas que podrían llevar a una expansión descontrolada del sector, evasión fiscal y un alto riesgo para la protección de menores.
La entidad hace un llamado a los legisladores para que evalúen cuidadosamente el proyecto, ya que, según el abogado Raúl Martínez, contiene "errores garrafales" y podría conducir a un "desorden en el mercado de los juegos de azar". La preocupación es que la ley, de ser aprobada sin cambios, facilitaría la proliferación de juegos de azar en cualquier espacio, lo que, a su vez, podría atraer a personas vinculadas al crimen organizado para el lavado de dinero.
Puntos clave y artículos controversiales
Expansión sin control: ADOBAD asegura que algunos concesionarios ya están operando modalidades de juegos electrónicos sin los permisos necesarios y temen que la ley legalice esta práctica.
Facultades polémicas: El artículo 75 es uno de los más cuestionados. Le otorgaría a las agencias hípicas la capacidad de operar jugadas virtuales, instalar máquinas y otros juegos sin pagar impuestos adicionales, lo que crearía un sistema fiscal confuso y desigual.
Riesgos sociales: La falta de control adecuado podría aumentar la ludopatía o adicción al juego. Martínez subraya que esta situación puede llevar a la pérdida de fortunas y a problemas de salud mental. Un trágico caso de 2018, donde un niño se quitó la vida tras perder dinero en máquinas tragamonedas, es citado como un claro ejemplo de las devastadoras consecuencias.
El proyecto de ley establece que las bancas paguen un 24 % de las ventas brutas de sorteos acumulativos y un 5 % de los no acumulativos. Sin embargo, ADOBAD advierte que la aprobación de la ley, tal como está, podría abrir la puerta a la instalación de máquinas tragamonedas y juegos virtuales en cualquier lugar, incluso fuera de los casinos y bancas reguladas.
La entidad enfatiza la necesidad de un marco legal que realmente proteja al público y asegure una regulación efectiva para evitar que el sector se convierta en un caos.
