La abogada Yamile Gutiérrez, especialista en juegos de azar, ha recomendado un estudio minucioso, tanto legal como técnico, del proyecto de ley presentado por el presidente Luis Abinader para regular los Juegos de Suerte y Azar en el país. Esta propuesta, con el objetivo de asegurar reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos que promuevan la formalización y sostenibilidad del sector, se da a conocer desde Santo Domingo, República Dominicana.
Gutiérrez, socia fundadora de G&G Studio Legal, la primera firma especializada en juegos de azar en la República Dominicana, alertó que la propuesta legislativa contiene diversas disposiciones que, lejos de fortalecer la institucionalidad y proteger a operadores y ciudadanos, podrían acarrear consecuencias negativas a nivel social, fiscal y ético.
En este sentido, si bien la abogada aplaudió la iniciativa y reconoció la urgencia de una transformación y actualización que establezca un marco normativo moderno y eficiente para las actividades de juego, también señaló varias oportunidades de mejora en el contenido del proyecto.
"La creación de una Dirección General de Juegos de Azar como nuevo ente regulador era necesaria para que este organismo fuese totalmente autónomo. Sin embargo, este proyecto de ley delega y otorga facultades regulatorias, sancionadoras y administrativas, cuando debió ser la misma ley la que describiera y estipulara todas estas prerrogativas legales, en lugar de delegar estos sistemas de control al nuevo ente regulador," afirmó Yamile Gutiérrez. "Esta situación por sí sola generaría una inseguridad jurídica para los operadores ya establecidos, ante posibles interpretaciones arbitrarias de la ley o cambios en las regulaciones técnicas mediante resoluciones administrativas carentes de fundamentos legales."
Asimismo, la especialista sostuvo que, a pesar de que el proyecto alude a un régimen fiscal "equitativo", la realidad es otra, ya que refleja un aumento impositivo insostenible para el sector.
"Este proyecto debió proponer, en primer lugar, que la tributación se base en el GGR (Gross Gaming Revenue), es decir, los ingresos del juego menos las ganancias de los jugadores. En segundo lugar, un porcentaje de esos recaudos fiscales debería destinarse al sector salud, a programas de ludopatía o al desarrollo de programas deportivos, tan necesarios en el país. Esta modalidad de régimen tributario se aplica en diversos países de Latinoamérica y puede servir de base para nuevas normativas fiscales en el sector de juegos de azar," explicó Gutiérrez.
La abogada considera que este proyecto de ley o "propuesta de Marco Regulatorio" no se ajusta a la realidad del mercado actual, sino que replica y unifica los criterios legales, fiscales y recaudatorios vigentes en un solo documento.
"El propósito del Estado Dominicano es tener mayor control de los ingresos derivados de las ganancias de las apuestas y establecer por ley la promoción e implementación de acciones de juego responsable, la concientización sobre la ludopatía y la protección de menores en estos centros, ahora denominados 'casas de apuestas'," puntualizó Gutiérrez.
Yamile Gutiérrez valoró positivamente que, por primera vez, se contemple una política pública integral orientada a la prevención del juego compulsivo, incluyendo campañas de concientización sobre el juego responsable, una línea telefónica gratuita de asistencia y la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, donde los ciudadanos podrán solicitar ser excluidos voluntariamente de cualquier tipo de apuesta, así como la responsabilidad compartida entre el Regulador y los Operadores.
La abogada especializada en juegos de azar considera viable que este nuevo proyecto contemple la fusión de la Dirección General de Juegos de Azar con la Lotería Nacional, a raíz de la supresión parcial del rol institucional que poseía esta última.
"Esto evitaría confusión regulatoria y significaría un ahorro presupuestario sustancial, permitiendo que sus instalaciones sean acondicionadas para que sea la sede de la misma," propuso Gutiérrez.
