La reciente muerte de una adolescente de 14 años bajo custodia del Estado ha generado una profunda consternación en la sociedad dominicana, dejando en evidencia las vulnerabilidades críticas de nuestro sistema de protección infantil. Ante este lamentable suceso, la Licda. Sandra Castillo, presidenta del Consejo Nacional de Unidad por la Niñez y Adolescencia (COUNIAD) —entidad que agrupa a 123 fundaciones a nivel nacional—, ha alzado su voz para exigir una revisión profunda de los protocolos vigentes.
Más allá de las responsabilidades individuales que arrojen las investigaciones, este caso obliga a examinar las condiciones reales de los hogares de paso. Los especialistas han advertido durante años sobre la imperiosa necesidad de diversificar estos espacios, creando centros especializados que permitan atender, de manera diferenciada y segura, casos de violencia, abuso, conflicto con la ley y consumo de sustancias. Actualmente, la convivencia en un mismo entorno de menores con realidades tan complejas dificulta una atención efectiva, a lo que se suma la escasez de personal capacitado y la insuficiente supervisión en los centros, factores que impiden la detección temprana de situaciones de riesgo.
Si bien reconocemos que el Gabinete Infantil, presidido por la Primera Dama Raquel Arbaje, ha impulsado programas significativos que han fortalecido la atención a nuestra niñez, es fundamental que todos los sectores de la sociedad se integren para brindar un apoyo más robusto y coordinado a esta iniciativa. La falta de articulación técnica entre los equipos de trabajo y los cuidadores sigue siendo un desafío operativo que debe ser superado de inmediato.
La tragedia que hoy nos ocupa plantea una pregunta fundamental: ¿qué falló en el sistema diseñado precisamente para salvaguardar a los más vulnerables? La sociedad no solo demanda respuestas claras sobre este caso, sino también reformas profundas que garanticen la asignación de recursos humanos especializados y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención. La pérdida de esta adolescente debe convertirse en un punto de inflexión para transformar el sistema de protección infantil, asegurando un entorno donde cada menor pueda estar realmente a salvo. Es una responsabilidad colectiva mantenernos vigilantes y activos para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
