La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre calificó de "insalvable" la acusación del Ministerio Público, señalando graves fallas en las auditorías y contradicciones en las pruebas presentadas. Entre las irregularidades, los juristas destacaron que la Cámara de Cuentas admitió en juicio que los supuestos "empleados fantasma" no figuran en las nóminas oficiales del CUSEP, desmintiendo así el mecanismo de sustracción de fondos alegado por la fiscalía.
Asimismo, los abogados denunciaron que las auditorías financieras omitieron más de RD$64 millones en ingresos legítimos del oficial, provenientes de viáticos, salarios acumulados y ahorros. Según la defensa, la propia auditora del caso reconoció no haber verificado estas fuentes oficiales. Además, un peritaje del INACIF confirma que el 98% de los ingresos de Cáceres provienen de fuentes lícitas, como pagos de nómina y certificados bancarios.
En cuanto al patrimonio, la defensa sostuvo que el Ministerio Público tasó las propiedades a precios de mercado de 2022 en lugar de su costo de adquisición. También calificaron de contradictoria la acusación de ocultamiento de bienes, ya que tanto la vivienda familiar como otros activos figuran en las declaraciones juradas del imputado, documentos que el propio órgano acusador incorporó al proceso.
Finalmente, los juristas presentaron pruebas que desvinculan a Cáceres de la propiedad de la Iglesia Bautista Vida Eterna y de supuestas fincas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Respecto al manejo de fondos de inteligencia, recordaron que existen certificaciones de la Contraloría y Presupuesto que avalan la legalidad y el carácter especial de dichos recursos, concluyendo que la acusación carece de coherencia y debe ser desestimada por el tribunal.
