En una decisión que respalda la contundencia de las investigaciones del Ministerio Público, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, señalado como el cabecilla de una estructura criminal que estafó al Estado con más de 14 mil millones de pesos.
Dichos fondos, sustraídos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), estaban destinados originalmente a garantizar la atención médica de más de 7 millones de afiliados.
Al salir de la audiencia, que concluyó en la madrugada de este jueves, el procurador adjunto Wilson Camacho destacó que el tribunal validó la gravedad de los hechos presentados. "Desde el primer día lo dijimos: la afectación a SeNaSa es una situación calamitosa. Con las evidencias aportadas, la prisión preventiva era la única medida proporcional al daño causado a millones de dominicanos", afirmó el titular de la PEPCA.
Un éxito de la investigación y advertencia de una "Fase 2.0″
Camacho calificó el fallo como un triunfo de la estrategia liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y envió un mensaje claro sobre el futuro del caso:
Resultados inmediatos: Se desestimaron los recursos de apelación de Hazim Albainy y otros seis coimputados (Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Rafael Martínez Hazim, Ramón Speaklear y Ada Ledesma), confirmando los 18 meses de prisión preventiva.
Investigación abierta: El magistrado adelantó que la "Operación Cobra" no termina aquí. "Habrá tantas vueltas como el caso amerite. Muy pronto estaremos hablando de la versión 2.0; todo el que participó en este entramado responderá ante la justicia", advirtió.
El tribunal rechaza argumentos de la defensa
El pleno de la corte, integrado por los magistrados Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Santiago Hazim. Los jueces aclararon que la prisión preventiva no busca solo recolectar pruebas, sino garantizar la presencia de los imputados en todas las etapas del proceso.
La resolución ratifica íntegramente las medidas impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, que incluyen también arresto domiciliario y garantías económicas para otros implicados menores en el saqueo de los fondos públicos.
