El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, calificó como un “fraude procesal” los informes de auditoría emitidos por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, pieza clave en la acusación del Ministerio Público contra los imputados del Caso Calamar.
El dirigente fundamentó su denuncia señalando una grave incongruencia legal: el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 382-25 el 14 de julio de 2025 para crear formalmente dicha unidad, lo que implica que, al momento de realizar las investigaciones años atrás, el organismo no tenía existencia legal y, por ende, sus actuaciones carecen de validez jurídica.
"No solamente hicieron fraudes para comprar la reelección, también cometieron fraudes procesales. A la mayoría de mis compañeros se les aplicaron auditorías que estaban limpias; crearon una Unidad Antifraude de facto que recién vino a existir por decreto en 2025″, afirmó Lorenzo.
Inconsistencias en los decretos y plazos
Lorenzo calificó de "paradójico" que la unidad fuera creada en junio de 2025, a pesar de que ya se había designado un encargado desde febrero de 2023 mediante el Decreto 27-23. Según el alto dirigente, esto demuestra que la acusación del Caso Calamar, depositada estratégicamente un día antes de las elecciones, fue un proceso "orquestado y planificado".
El exsenador sostuvo que los informes financieros de los años 2021, 2022 y 2023 emitidos por esta unidad son nulos, ya que se basan en una estructura que no contaba con el sustento normativo del Poder Ejecutivo al momento de su ejecución.
Estado actual del proceso
El proceso judicial, que involucra a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, se reanudará este viernes a las 9:00 a. m. con la presentación de la defensa técnica de Castillo.
La audiencia, que había sido recesada por motivos de salud del exsenador Rafael Calderón, retoma su curso tras meses de debates donde los querellantes retiraron sus demandas, alegando que los pagos realizados fueron conformes a la ley y que los fondos pertenecían a los propietarios de las tierras, no al Estado.
