⚖️ Acusan a abogados de la DGJP de prácticas abusivas para evitar el pago de pensiones⚖️

El Estado

Pese a una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia, la DGJP se niega a pagar más de RD$10 millones a un pensionado. El jurista Oliver Batía denuncia maniobras dilatorias que atentan contra la ética procesal.

El jurista Oliver Batía, abogado defensor del señor Leocadio Valentín Lebrón Jiménez, denunció hoy las actuaciones desleales, abusivas y contrarias a la ética profesional de los abogados Elvin Villanueva, José Calasanz Moreno, Jean Carlos Amparo Guerrero y Santa C. de los Santos Guzmán, representantes legales de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP). Santo Domingo.

La denuncia surge luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmara de forma firme, definitiva e irrevocable los derechos del señor Lebrón Jiménez, ordenando el reajuste y pago retroactivo de su pensión.

Desacato y Maniobras Dilatorias

Batía detalló que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó inicialmente el reajuste y pago de retroactivos e intereses conforme a la Ley 379-81. Esta decisión fue ratificada por la Tercera Sala de la SCJ el 28 de marzo de 2025 (Sentencia Núm. SCJ-TS-25-0329), al rechazar el recurso de casación interpuesto por la DGJP.

Pese a que la Secretaría General de la SCJ certificó la firmeza de la decisión (autoridad de la cosa juzgada), el jurista acusa a los letrados de la DGJP de persistir en promover recursos de revisión infundados y una demanda de suspensión de ejecución de sentencia, con el único propósito de dilatar maliciosamente el cumplimiento del fallo.

“Tales maniobras se enmarcan dentro de la figura de la deslealtad procesal, sancionada por el Artículo 56 de la Ley Núm. 2-23,” afirmó Batía.

El abogado reiteró que estas actuaciones, además de contrariar la buena fe procesal, constituyen un atropello a la dignidad de un envejeciente que solo reclama lo que en justicia le pertenece.

Deuda que Supera los RD$10 Millones

Pese a las decisiones judiciales irrevocables, la DGJP no ha cumplido con la sentencia, incurriendo en un desacato institucional que atenta contra la autoridad del Poder Judicial y los derechos fundamentales de los pensionados del Estado.

La suma total reconocida a la fecha del 12 de noviembre de 2025 asciende a DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 40/100 (RD$10,458,125.40), desglosados en:

-Retroactivo derivado del reajuste de pensión: RD$7,352,271.41

-Intereses legales al 1% mensual: RD$2,864,935.09

-Variación monetaria (IPC): RD$240,918.89

Llamado a Sancionar la Deslealtad Procesal

Batía exhorta a la Suprema Corte de Justicia a aplicar con rigor y ejemplaridad la citada disposición de la Ley 2-23, que faculta a imponer una multa civil a los abogados y a la institución de hasta diez (10) salarios mínimos, además de una indemnización de hasta cincuenta (50) salarios mínimos (que ascendería a RD$1,249,500.00) por daños morales y materiales.

El jurista advierte que esta es solo una de las batallas, pues el Centro Jurídico Batía Ramos lleva otros tres casos similares que esperan fallos judiciales próximamente, buscando frenar el uso inmoral y dilatorio de los recursos que afecta el derecho de los adultos mayores a recibir una tutela judicial efectiva.

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