El sistema de justicia se articula a través de varios pilares fundamentales que aseguran el debido proceso. En el núcleo del conflicto se encuentran la Víctima, que es la persona que alega haber sufrido un daño, y el Imputado, a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible. La defensa de los intereses de este último recae sobre el Defensor, el abogado designado para proteger sus derechos. Por otro lado, la representación de los intereses de la sociedad está en manos del Ministerio Público (MP), que es el ente encargado de la investigación objetiva (cargo y descargo) con el fin de ejercer o descartar la acción penal.
El rol de administrar justicia y garantizar un proceso justo recae sobre el Poder Judicial (Jueces), quienes deben velar por la constitucionalidad de todas las actuaciones. Actuando como marco normativo supremo que asegura los derechos de todos los involucrados, La Constitución juega un papel esencial al establecer los derechos fundamentales y las reglas del debido proceso. La interacción y el correcto desempeño de estas seis figuras son cruciales para el funcionamiento ético y legal del engranaje judicial.
Desafíos Operacionales y la Saturación del Sistema Dominicano
Llevar estos principios a la práctica en la República Dominicana es una tarea compleja. Nuestro sistema de justicia se encuentra saturado, con significativas lagunas de forma y fondo que impiden el pleno respeto del debido proceso y atentan contra los derechos de los actuantes.
1. Falta de Educación Cívica y Jurídica
Un problema medular es la ignorancia en materia de responsabilidad jurídica y régimen de consecuencias por los actos cometidos. Esto se debe, en gran medida, a la poca inversión e intención del Estado dominicano de formar a niños y jóvenes en las escuelas sobre las materias principales de derecho y la Constitución. Este desconocimiento masivo contribuye directamente al cúmulo de trabajo en el carril judicial.
2. El Exceso de Judicialización y la Falta de Conciliación
Se observa una marcada falta de interés del Ministerio Público en materia de conciliación y métodos alternativos de solución de conflictos. Incidentes que podrían dirimirse mediante una simple intervención comunicacional se tornan, innecesariamente, en casos legales que ingresan al rol judicial. Esto provoca:
La constante sobrecarga de casos impuesta al sistema tiene consecuencias directas y perjudiciales. En primer lugar, genera un mayor volumen de trabajo y una significativa sobrecarga para jueces y fiscales, cuya capacidad para dirimir casos con la debida profundidad y reflexión se ve mermada diariamente por la celeridad con la que se ven obligados a impartir justicia e investigar. Esta saturación también impone un gasto innecesario a las personas involucradas, quienes deben enfrentar procesos legales prolongados y costosos que, de otra forma, podrían haberse evitado.
3. Las Condiciones de la Carrera Judicial y Fiscal
Las condiciones humanas y laborales en las que se desenvuelve el tren judicial y fiscal son precarias, y no siempre garantizan una vida digna a los encargados de investigar y juzgar. Esto se convierte en un promotor importante de fallas sistémicas, tales como:
–Falta de voluntad para desarrollar una correcta investigación.
–Falta de tiempo para ponderar decisiones justas.
–Dilatación en la emisión de sentencias.
-Líneas de decisiones anticonstitucionales que afectan directamente al sistema.
Consecuencias Directas y la Crisis de los Derechos Fundamentales
Las fallas mencionadas se manifiestan en graves vulneraciones a los derechos de los ciudadanos, transformando el proceso judicial en un calvario y una incertidumbre. Algunos ejemplos críticos son:
-El abuso de la prisión preventiva en todos los casos establecidos por el MP, lo que hace que la privación de libertad parezca un hecho automático tras una acusación.
-Las condiciones deplorables en los sistemas penitenciarios.
-La lentitud para obtener la libertad incluso después de una sentencia o cumplimiento de pena.
–Citaciones con malas intenciones y la emisión de decisiones judiciales sin la debida verificación de las garantías procesales.
En este contexto, recae sobre el juez una labor gigantesca: la responsabilidad de no permitir que las cárceles sigan inundándose de internos, la mayoría de los cuales podrían enfrentar su proceso bajo una medida menos gravosa.
Conclusión: Hacia una Intervención Urgente
Se hace imperativo y urgente una intervención directa y profunda en nuestro sistema de justicia para lograr un funcionamiento eficiente. Solo así, quienes se vean en la necesidad de utilizarlo podrán tener la tranquilidad de que sus derechos fundamentales serán garantizados, tal como lo establece nuestra Constitución.
Esperemos que en un futuro inmediato se pueda generar un efecto positivo para todos los actores y que podamos consolidar una República Dominicana sólida en materia de derecho y constitucionalidad.
por: Lic. Víctor Céspedes Mejía Abogado Constitucionalista / Penalista
