Conflicto en Grupo HYLSA: Presunta Expulsión de "Don Tuto" Herrera por Parte de sus Hijos Desata Batalla Legal

El Estado

Documentos Judiciales Revelan Maniobras Societarias que Habrían Desplazado al Fundador Tras Cuatro Décadas de Liderazgo.

El reconocido empresario dominicano Jorge Francisco “Don Tuto” Herrera Pavón, fundador y pilar del Grupo HYLSA por más de cuatro décadas, se encuentra inmerso en un conflicto familiar y corporativo sin precedentes. La disputa se origina por presuntas acciones de algunos de sus hijos que habrían resultado en su desplazamiento de los cargos de liderazgo y del control de las empresas que él mismo construyó.

Documentos registrados y denuncias interpuestas ante los tribunales detallan que recientes actas y enmiendas societarias modificaron la estructura directiva de varias compañías vinculadas al empresario, marginando al propio Herrera Pavón de sus puestos clave. Fuentes consultadas sugieren que estas maniobras habrían incluido presuntas irregularidades en firmas y documentos, cuya legitimidad y validez están siendo actualmente cuestionadas por Don Tuto.

La situación adquiere una dimensión aún más grave al ser sus propios hijos los presuntos impulsores de estos movimientos societarios, transformando el pleito en una profunda pugna familiar que trasciende el ámbito económico y golpea el núcleo del legado empresarial.

Ante este panorama, Don Tuto ha tomado medidas contundentes, interponiendo acciones judiciales y solicitando medidas cautelares con el objetivo de proteger su patrimonio y salvaguardar la integridad de las empresas bajo su control.

Representantes cercanos al empresario señalan que, más allá de la afectación financiera, este conflicto representa un duro golpe personal para el fundador de HYLSA, reconocido por sus valores empresariales, su solidaridad y su dedicación a la familia.

El caso ha acaparado la atención en los círculos empresariales y jurídicos del país debido a la relevancia del Grupo HYLSA. Por el momento, la resolución del conflicto queda en manos de los tribunales, que continúan evaluando la autenticidad de los documentos y la legalidad de las actuaciones alegadas.

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