Un tribunal del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra de los 22 integrantes de la red criminal desmantelada con la Operación Gaviota. Esta estructura operó un esquema piramidal fraudulento con el que movilizó una suma monumental: más de RD4,239millonesyUS11.6 millones (equivalente a más de RD$5,200 millones), afectando a un total de 332 víctimas.
El órgano acusador estableció que, entre los años 2020 y 2024, la estructura operó bajo el nombre de Investor Winner, captando fondos con el falso alegato de realizar inversiones bursátiles legítimas. Prometían rendimientos mensuales de entre el 10% y el 30%.
Cabecillas y entramado empresarial
Al considerar suficientes las más de 650 pruebas presentadas, el juez Deiby Peguero Jiménez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó el auto de apertura a juicio contra los cabecillas y demás imputados.
Entre los principales acusados están Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché y Reynaldo Castillo Garrido, entre otros 18 implicados.
Para cometer el fraude y ocultar sus rastros, los imputados se valieron de un entramado de más de 17 empresas y cooperativas ficticias, incluyendo Investor Winner IW S.R.L., IXI Intermecom S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes).
Esquema Ponzi y múltiples delitos
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público comprobó que no existían inversiones legítimas, sino que se trataba de un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes. Muchas de las víctimas hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales.
El grupo criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp para promocionar las falsas oportunidades. Una vez colapsado el esquema, los cabecillas intentaron obstaculizar la investigación cediendo acciones de las empresas y huyendo de sus domicilios habituales.
La calificación jurídica acogida por el tribunal incluye graves violaciones a:
La Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (estafa a través de medios electrónicos).
La Ley Monetaria y Financiera (intermediación sin autorización).
La Ley del Mercado de Valores (captación de fondos sin permiso).
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La lectura íntegra de la decisión judicial fue fijada para el 14 de noviembre de 2025.
