MINERD presenta denuncias penales por intoxicaciones en escuelas de Mao y San Francisco de Macorís
El Estado
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha activado acciones legales tras la intoxicación de estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos de las provincias Valverde y Duarte.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) presentó dos denuncias formales ante las Procuradurías Especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de las provincias Duarte y Valverde. El objetivo es investigar y sancionar los recientes casos de intoxicación que afectaron a la comunidad educativa en Mao y San Francisco de Macorís.
Las acciones legales fueron depositadas por el equipo jurídico del MINERD, en representación del ministro Luis Miguel De Camps García. En ellas se solicita una investigación inmediata para determinar responsabilidades ante el uso indebido de productos químicos tóxicos cerca de los centros escolares.
Detalles de los casos
Los incidentes ocurrieron la semana pasada en la Escuela Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama (provincia Duarte), y en el Liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao (provincia Valverde).
Ante la emergencia, el MINERD activó sus protocolos, suspendiendo la docencia temporalmente y despachando a los estudiantes para proteger la salud de todos.
En el caso de La Guama, la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Duarte señala la posible presencia de pesticidas tóxicos cerca de la escuela, lo que representa un grave riesgo para la salud y la continuidad de las clases. El MINERD pidió que, si se comprueba un uso negligente o intencional, se apliquen las sanciones penales correspondientes.
De igual forma, en Santa Cruz de Mao, la intoxicación se debió a la fumigación con químicos tóxicos en una finca colindante, a menos de 200 metros de los centros escolares. La denuncia, presentada en esa jurisdicción, incluye informes y fotografías de la Defensa Civil y Salud Pública como evidencia, y destaca las posibles violaciones a la Ley 311-68 sobre pesticidas y al Código Penal Dominicano.
Estas normativas establecen penas de prisión y multas para quienes, por negligencia o imprudencia, causen enfermedades o incapacidad laboral a terceros debido al uso de sustancias tóxicas.