La abogada especialista en regulación del sector de juegos de azar, Yamile Gutiérrez, presentó un análisis técnico del Proyecto de Ley que busca regular esta industria en la República Dominicana. En su informe, destacó los aportes del proyecto y los desafíos que persisten, considerándolo un paso significativo para la organización y modernización del sector.
Gutiérrez subraya que la unificación del marco legal es un elemento crucial para fortalecer la seguridad jurídica del Estado, los operadores y los consumidores. Además, valora positivamente la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo con capacidad de fiscalización y supervisión.
La experta también elogia los mecanismos tecnológicos para el control de licencias y el fomento del juego responsable. Sin embargo, propone reforzar estas medidas con límites de apuestas, alertas de riesgo y la integración de otros organismos como el Ministerio de Salud Pública.
Puntos de preocupación y propuestas de mejora
Gutiérrez expresó su preocupación por la falta de consenso con sectores clave como los casinos y las bancas deportivas, y considera que la estructura tributaria del proyecto necesita ser revisada.
"Lo ideal es adoptar una base impositiva sobre el GGR (Ingresos Brutos del Juego), como lo hacen muchos países que sirven de modelo. Además, se deben evitar cargas tributarias duplicadas y fomentar la formalización y la inversión tecnológica", explicó.
La abogada enfatiza que el Estado debe garantizar una recaudación eficiente sin comprometer la viabilidad económica de los operadores formales, ya que estos son una fuente clave de empleo e inversión.
Entre las debilidades del proyecto, Gutiérrez identifica:
- El riesgo de que la DGJA carezca de los recursos necesarios para implementar la ley.
- La falta de claridad sobre la composición del Consejo Técnico.
- Las condiciones "excesivamente rigurosas" para la renovación de licencias.
- La omisión de una disposición que establezca una distancia mínima obligatoria entre operadores.
Gutiérrez concluye que, si bien el anteproyecto establece una base sólida para el sector, es crucial un proceso de diálogo amplio para realizar los ajustes necesarios. "Solo con una implementación equilibrada, justa y sostenible podremos garantizar beneficios reales para el Estado, los operadores y los jugadores", finalizó.
