La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha solicitado formalmente al presidente Luis Abinader no presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). La ADP ha reiterado su firme rechazo a esta iniciativa, argumentando que su único propósito es reducir la inversión pública en educación, en un momento crítico donde el sistema educativo requiere mantener y ampliar su financiamiento, además de mejorar la calidad del gasto.
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, advirtió que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores, evidenciados en la propuesta de incorporar alianzas público-privadas, el establecimiento de fideicomisos y la tercerización de la gestión educativa. "La propuesta de fusión MINERD-MESCYT es un invento, que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico que muestre la necesidad y viabilidad del mismo", afirmó el dirigente magisterial.
Hidalgo enfatizó que la materialización de esta fusión causaría daños severos a los procesos en desarrollo de ambos ministerios, complicando significativamente la implementación de acciones necesarias para una gestión educativa eficiente. Recordó que, en enero pasado, un Encuentro Nacional por la Defensa de la Educación Pública, respaldado por académicos y organismos especializados, concluyó que esta fusión carece de fundamentos sólidos, análisis de factibilidad y mecanismos claros para garantizar beneficios reales para el sistema educativo dominicano.
¿Por Qué Rechazamos esta Propuesta de Fusión?
La ADP fundamenta su rechazo en los siguientes puntos clave:
Obsolescencia no demostrada de leyes actuales: El anteproyecto no presenta evidencia objetiva de que las leyes educativas vigentes hayan alcanzado un nivel de obsolescencia que justifique la necesidad de esta fusión.
Ausencia de estudios técnicos: La propuesta carece de respaldo en estudios, investigaciones o análisis de factibilidad que demuestren su alineación con los principios de racionalidad, economía, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
Impacto incierto en la calidad educativa: El proyecto no especifica mecanismos claros para mejorar la calidad educativa ni garantiza una educación integral. Tampoco asegura que la educación superior recibirá los recursos necesarios dentro del esquema presupuestario propuesto.
Falta de planificación adecuada: No se detallan criterios, dispositivos o mecanismos que permitan alcanzar los objetivos planteados, como la reducción de duplicidades, la mejora en la gestión de gastos o el fortalecimiento de la educación como un derecho fundamental.
Reversión de conquistas presupuestarias: El proyecto representa una reversión de las dos grandes conquistas presupuestarias para el financiamiento de la educación pública (4% del PIB para preuniversitaria y 5% del presupuesto para educación superior).
Estrategia de mercantilización y privatización: Este anteproyecto es percibido como una estrategia para consolidar la mercantilización y privatización de la educación, en línea con una lógica neoliberal.
Nuestra Posición: En Defensa de la Educación Pública
Los ciudadanos, entidades y organizaciones que participaron en el Encuentro Nacional por la Defensa de la Educación Pública, con el apoyo de académicos y especialistas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
Exigimos la inmediata retirada de este anteproyecto de ley.
Solicitamos abrir un proceso nacional de discusión, estudio y examen crítico sobre el estado actual del sistema educativo.
Demandamos la convocatoria a un debate nacional inclusivo y transparente, con la participación de todos los actores clave del sistema educativo y la sociedad en general, sobre esta propuesta de fusión.
Exigimos el fortalecimiento del MINERD y el MESCYT como entidades independientes, con roles claros y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.
Alertamos a todo el pueblo dominicano sobre la grave amenaza de mercantilización y privatización del derecho a la educación pública, que niega el derecho constitucional y humano a una educación abierta, crítica y de calidad.
En defensa de una educación pública y superior de calidad, la ADP y sus aliados se mantendrán vigilantes y firmes. La educación no es negociable, y su futuro debe cimentarse en políticas responsables y fundamentadas.
¡Unamos nuestras voces por una educación digna y de calidad para todos!
