Priamos Ramírez, director ejecutivo del Fideicomiso DO Sostenible, celebró la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20. Ramírez calificó esta aprobación como un avance significativo y positivo para el país en materia ambiental.
El director ejecutivo de DO Sostenible resaltó el trabajo consensuado de la comisión de la Cámara de Diputados, destacando un proceso abierto, transparente y participativo donde se escucharon las voces de todos los sectores directa e indirectamente relacionados con la ley.
Ramírez afirmó que esta legislación refuerza principios clave como la economía circular y la responsabilidad extendida del productor. Subrayó la necesidad de eliminar progresivamente los vertederos a cielo abierto, dando paso a soluciones modernas y sostenibles como las estaciones de transferencia, las plantas de valorización y los proyectos integrados.
Asimismo, agregó que la ley refuerza las competencias del fideicomiso como herramienta fundamental para el cierre de vertederos a cielo abierto, que tanto afectan la salud y el medioambiente. También destacó que la ley permitirá canalizar recursos para la construcción de infraestructuras adecuadas y garantizar el pago a los gestores autorizados.
Priamos Ramírez concluyó que esta modificación representa un paso firme hacia la construcción de una República Dominicana más limpia, saludable y sostenible, impulsando también el crecimiento de los municipios y distritos municipales.
Finalmente, Priamos hizo un llamado al sector empresarial y a los gobiernos locales para que se involucren activamente en la implementación de esta ley. "Esta es una responsabilidad de todos, no solo estamos hablando de residuos, estamos hablando del futuro del país, de la salud de nuestras comunidades y de la sostenibilidad ambiental", precisó.
Acerca de la Ley 225-20
La Ley 225-20, promulgada en septiembre de 2020, establece un sistema integral para la gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. Su objetivo principal es prevenir la generación de residuos y regular su reducción, reutilización, reciclaje, transporte y disposición final. Además, promueve su valorización energética y establece incentivos fiscales, contribuciones obligatorias y un fideicomiso especializado para la gestión de recursos ambientales.
