Nelson Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, fue categórico al afirmar que solo los ayuntamientos poseen la facultad legal para otorgar permisos de uso de suelo y elaborar planes de ordenamiento territorial. Según Núñez, las juntas de distritos municipales son legalmente dependientes de los municipios y carecen de esta potestad.
Núñez explicó que existe una distinción clara en las atribuciones, competencias y autonomía entre ambas entidades. De no ser así, ambas serían idénticas y "carecería de sentido llamarse con nombres distintos a entidades que en sus atribuciones y competencias son iguales".
El alcalde advirtió que si algunas juntas de distritos municipales no corrigen su interpretación errónea sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelo, sus decisiones "serán objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC)".
En este sentido, el presidente de Fedomu recordó que los precedentes y fallos del TC al respecto "son suficientemente claros y no tomarlos en cuenta debilitaría esa necesaria legislación".
Asimismo, Núñez aclaró que el Artículo 12 de la Constitución establece que la división política del Estado comprende un Distrito Nacional, regiones, provincias y municipios, pero no incluye a los distritos municipales como una instancia territorial independiente. Esta delimitación se refuerza con el Artículo 195 de la Constitución, que define la división territorial mediante la ley orgánica de regiones únicas de planificación, incluyendo provincias y municipios.
Núñez detalló que, basándose en estos criterios y en la Ley 176-07 sobre el régimen municipal, el TC ha emitido varias sentencias que ratifican la subordinación de los distritos municipales a los ayuntamientos en lo referente a la regulación y gestión del uso del suelo.
Fedomu felicitó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al ministro del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, por sus "contundentes declaraciones". Estas afirmaciones disipan las dudas de algunas juntas de distritos municipales que intentan adjudicarse potestades del mismo nivel que los ayuntamientos en la clasificación y formulación de planes de ordenamiento territorial.
