Marcando un hito en la historia del sistema penitenciario dominicano, el Gobierno ha puesto en marcha el levantamiento técnico para el cierre definitivo del Centro Penitenciario de La Victoria, un paso decisivo para transformar una de las páginas más oscuras de nuestra democracia.
Una comisión de expertos, incluyendo ingenieros, arquitectos, agrimensores, y especialistas en infraestructura y electromecánica de la Oficina Presidencial de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), fue la encargada de iniciar este proceso.
Funcionarios del Sistema Penitenciario recibieron a la delegación, guiándolos en un recorrido detallado por las instalaciones para evaluar qué estructuras pueden ser rescatadas y cuáles deberán ser demolidas. Esta evaluación integral es clave para la estrategia de transformación definitiva del sistema penitenciario.
Como resultado de este levantamiento, se proyecta el diseño de un nuevo centro penitenciario de menor escala, que albergará exclusivamente a internos preventivos. Este centro operará bajo los estándares del modelo reformado y será gestionado por personal civil altamente capacitado por el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (INSEEPENC), anteriormente conocido como Escuela Penitenciaria.
Este proceso coincide con la próxima inauguración del Centro Penitenciario Las Parras, con capacidad para 2,400 privados de libertad. Una parte de la población interna de La Victoria será reubicada allí, lo que representa un avance significativo para reducir el hacinamiento y las condiciones inhumanas que han caracterizado históricamente a La Victoria.
El inicio de este proceso es un paso trascendental para la República Dominicana en su búsqueda de una reforma penitenciaria estable y orientada a la rehabilitación. Con ello, se busca dejar atrás décadas de inseguridad, abandono, hacinamiento y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, así como el irrespeto a las víctimas. Esta meta ha sido declarada como la prioridad principal del próximo Ministerio de Justicia.
