El alcalde de Samaná y presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, ha alertado urgentemente a las autoridades nacionales y locales sobre una grave irregularidad que amenaza el desarrollo turístico de Samaná y podría establecer un precedente negativo a nivel nacional.
Núñez denunció la adjudicación irregular, mediante una sentencia de saneamiento, de los terrenos correspondientes al área verde del malecón de Samaná. Asimismo, se ha emitido una carta constancia a particulares sobre terrenos con alto potencial turístico, estratégicamente ubicados en el malecón, lo que perjudica directamente el interés colectivo del municipio.
El ejecutivo municipal señaló específicamente el inmueble identificado con el número 416242388353, con una extensión de más de cuatro mil cuatrocientos metros cuadrados, situado en una zona de gran valor turístico.
Los beneficiarios de esta cuestionada titularidad son los señores Carlos Manuel Báez Gerónimo, Yomar Báez Gerónimo, Jairo Ricardo Acosta Alonzo y Jerry Roberto Acosta Alonzo.
El alcalde Núñez enfatizó que estos terrenos fueron legítimamente expropiados por el Estado Dominicano mediante el decreto presidencial número 373, emitido el 17 de noviembre de 1970 por el entonces presidente Joaquín Balaguer.
Los terrenos en disputa se encuentran precisamente en la zona verde del malecón, frente a la escuela primaria de Samaná. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís ha sido apoderado de un recurso de revisión por causa de fraude, y la audiencia ha sido fijada para el cuatro de julio del presente año.
El alcalde Núñez añadió que el proceso de saneamiento de estos terrenos adolece de graves irregularidades, ya que no se notificó a la comunidad ni se consideró el decreto de expropiación vigente.
En tal sentido, Núñez ha hecho un llamado formal a la Dirección General de Bienes Nacionales, a la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado y a cualquier otra entidad con interés legítimo, a unirse al recurso de revisión para evitar la consumación de esta adjudicación irregular en detrimento del patrimonio del Estado y del pueblo de Samaná.
