Bukele asume su segundo gobierno en la cima de la popularidad
El Estado
Con más poder que nunca, una oposición pulverizada y en la cima de la popularidad, Nayib Bukele iniciará este sábado su segundo mandato como presidente de El Salvador, tras librar una implacable "guerra" contra las pandillas.
Este publicista milenial de 42 años, reelegido en los comicios del 4 de febrero con un aplastante 85% de los votos, gobernará por otros cinco años con un control casi total del Congreso y del resto de instituciones del Estado.
Bukele prestará juramento en una ceremonia prevista para las 08H00 locales (14H00 GMT) en el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, a cuya plaza convocó a los salvadoreños en masa.
Entre los dignatarios destaca la asistencia del presidente argentino Javier Milei, con quien coincide en políticas conservadoras y simpatías hacia el exgobernante estadounidense Donald Trump. También acudirán el mandatario paraguayo Santiago Peña y el rey Felipe de España.
Muy seguro de sí, Bukele se autodefine como un "dictador cool" para burlarse de quienes lo acusan de autoritarismo y de mantener el poder gracias a magistrados afines que interpretaron la ley para permitir su reelección, pese a estar prohibida en la Constitución.
"Lo que ha demostrado es que la ley es irrelevante, y que puede hacer lo que quiera y como quiera", afirmó a la AFP el investigador social Carlos Carcach, describiendo a un presidente "todopoderoso".
El país “más seguro del mundo”
Considerado el presidente más popular de América Latina según la oenegé Latinobarómetro, Bukele llegó al poder en 2019 prometiendo doblegar a las pandillas, a las que atribuye 120.000 muertes en tres décadas, más que las 75.000 de la guerra civil (1980-1992).
Bajo su gobierno, sostiene, El Salvador pasó de ser el país sin conflicto bélico "más peligroso del mundo" al "más seguro del hemisferio occidental".
Pero para ello, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que instauró en marzo de 2022 y acumula 80.300 presuntos pandilleros detenidos sin que medie orden judicial.
Human Rights Watch y Aministía Internacional denuncian muertes y torturas, y miles de inocentes entre las 8.000 personas que debieron ser liberadas.
Tras arrebatar a las pandillas barrios y calles de casi todo el país, analistas señalan que su reto será la economía, pues la pobreza castiga a casi un tercio de la población.