El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso este martes la libertad inmediata del expresidente peruano Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Tres magistrados del TC, entre ellos su presidente Francisco Morales, firmaron el documento en que se ordena al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y al director del penal de Barbadillo, en Lima, a que "en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, bajo su responsabilidad".
El máximo tribunal peruano valoró la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori, una de las principales banderas de la derecha para solicitar su liberación.
La semana pasada el juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, ordenó que Fujimori siguiese en prisión, empero devolvió el expediente al TC para que tomara la decisión definitiva.
En Perú se rumoreaba que el exmandatario (1990-2000) sería excarcelado luego de la polémica resolución emanada del TC a finales de noviembre, en la que dejaba la posible salida de Fujimori en manos de Fernández Tapia, pese a la medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Desde el Congreso de la República también se pronunció en contra la bancada del partido izquierdista Perú Libre y anunció que solicitará que los miembros del TC sean citados prontamente ante las respectivas Comisiones del Parlamento.
"La liberación del genocida Alberto Fujimori, sería un execrable precedente en el país", aseguró en un comunicado. "Esta decisión quebraría aún más, el precario sistema de justicia que tiene el país", añadió.
En el ámbito internacional, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó que "la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"El Estado tiene la obligación de cumplirlas", señaló Goebertus en la red social X, en la que recordó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), "que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo".
